El derecho de nacer mujer
Feb 28
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Hace unos días leía un documento del Fondo de Población de Naciones Unidas que hablaba de una cosa que se llama discriminación sexual prenatal. Eso significa que hay una cantidad increíble de señoras que, cuando se enteran de que su futuro hijo será hija, lo abortan. La consecuencia inmediata es apenas perceptible, pero a mediano plazo (se diría que estamos más o menos en esa fase) el índice de nacimientos de nenes y nenas se desequilibra –en Asia, por ejemplo, solían nacer 105 nenes por cada 100 nenas y, últimamente, aumentó a 115 nenes por 100 nenas, es decir que hay cientos de millones de niñitas perdidas en el limbo–. Eso genera una serie de efectos variados, pero que tienen que ver con la consolidación de sociedades cada vez más desdeñosas de las mujeres. Este tipo de cosas siguen ocurriendo, sobre todo, en lugares donde, ya sea por una cuestión económica o cultural, las mujeres son una carga pesada para la familia.
En China, por ejemplo, los campesinos pueden quedarse en su tierra sólo si tienen un hijo que la herede y la trabaje; y si a eso se le suma la restricción de un hijo por familia a la que está sometida una buena parte de la población, es obvio que los futuros papás no van a desperdiciar su única chance pariendo niñitas enclenques. En la India se sigue pagando dote por las hijas al momento de casarlas, o sea que a las nenas no sólo se las llevan sino que, además, hay que pagar para que alguien lo haga. Los hijos, en cambio, salvaguardan el nombre y se quedan para cuidar a los papás ya gastados, incorporando a la familia a sus esposas y sus hijos (y ojalá no hijas, claro) –sobra aclarar que en otros lados la discriminación cobra estilos más sofisticados pero también se produce–. El bendito apellido de casada es un ejemplo tan grasa que se confunde con tonto, pero no es tonto: incluso para aquellas familias adineradas y conservadoras, donde la tradición y el abolengo importan (y que, para efectos de este tema y tal vez de cualquier otro, me importan muy poco), la hija es siempre una pérdida: a las señoritas se la llevan y para colmo las rebautizan.
Total que parece ser que las mujeres no quieren parir mujeres; quizá antes tampoco querían pero se guardaban el potencial disgusto hasta que nacían las nenas –y algunas, entonces, las mataban o las dejaban morir en un rincón: sin teta ni mamadera ni alpiste, siquiera–. Pero ahora, que se ha masificado el acceso a ultrasonidos y otras tecnologías que permiten saber el sexo del feto, no hace falta esperar nueve meses para deshacerse de ella. Este informe decía que hay lugares donde un ultrasonido cuesta quince dólares y lo hace gente que ni siquiera es médica; además hay toda una oferta de técnicas alternativas en internet que, por treinta o cuarenta dólares, pueden aplicarse las mismas mujeres en sus casas a la décima semana de preñez (para procedimientos más estandarizados y legales toca esperar a la semana dieciséis).
Pero lo que más me llama la atención de este contexto macabro es que las posibles soluciones al problema, que suelen venir de estos organismos pro derechos humanos o antiviolencia de género y demases, no parecen encajar, de manera coherente, en ninguno de los “marcos” de esos organismos. Es decir, que toca inventarse algo que justifique el rechazo lógico a estas prácticas, pero que no vaya en detrimento de otras conquistas. Se supone que un recurso posible para empezar a combatir el problema podría ser el de modificar el vocabulario: no llamar “aborto” al “aborto de niñas por discriminación de género”, sino ponerle el mismo rótulo de violencia de género, como se le llama a todo lo que implique un daño físico o psicológico a una mujer. El problema es que eso elevaría al feto a categoría de persona, lo que pondría en peligro el acceso al aborto en países donde es legal; porque si el feto es persona, eso ya lo sabemos, el aborto no es aborto sino un vulgar asesinato. En fin, que la estrategia eufemística, en este caso, también es inútil. Tampoco es solución limitar el acceso de las mujeres a las tecnologías que revelan el sexo del feto –tecnologías legales y controladas por médicos de verdad, no por gurús de feria o por “mira quien habla punto com”–; eso sería tremendo, porque la madre tiene derecho a saber lo que le dé la gana de su feto y a proceder en consecuencia: si es portador de alguna enfermedad congénita, si viene con alguna malformación, y si, por alguna de esas razones, decide abortarlo. Mucho menos se puede estar indagando en las razones de cada mujer para abortar: no se puede, porque quien lo haga seguramente incurriría en alguna falta o afrenta o exabrupto que ya debe estar tipificado en algún marco de algún organismo. Y está muy bien que así sea. Pero eso agrega otra complicación: la de ser uno de esos fenómenos que se escapan fácilmente de las estadísticas.
La gran paradoja es que, si en sociedades como éstas las mujeres tienen derecho al aborto, tienen también la herramienta para evitar parir niñitas. Pero, al mismo tiempo, tanto el derecho al aborto como a las distintas formas de anticoncepción son necesarios para que cualquier mujer –china, india, yugoslava, argentina– juegue un rol valioso en la sociedad, que no se limite a cuidar a su cría o a depender de ella. Para que eso ocurra hay que repensar culturas enteras, modificar legislaciones engorrosas, medievales, inmundas, pero vigentes; hay que convencer –aunque ya convencer es una palabra indignante– a cada mujer de que cada mujer es importante para la sociedad en que vive, para que no se les ocurra abortar a sus hijas, para que no les dé miedo o tristeza traerlas al mundo: porque el mundo va a estar preparado para recibirlas.